¡Escándalo en Buenavista! Concejal bajo la lupa por tierras devueltas por alias ‘Macaco’
La polémica sacude a Córdoba. El concejal de Buenavista, David Jorge Márquez Chegne, está en la mira de las autoridades por el presunto uso irregular de 5.000 hectáreas de tierras que fueron devueltas al Estado por el exparamilitar alias ‘Macaco’. La Agencia Nacional de Tierras ha solicitado que la Fiscalía investigue a fondo cómo estas tierras terminaron en manos del concejal sin un contrato formal y sin haber pagado al Estado.
El gobierno de Gustavo Petro pide claridad en este oscuro caso que podría convertirse en un nuevo capítulo de corrupción agraria en el Caribe colombiano.
¿Corrupción en Buenavista? Concejal en el ojo del huracán por tierras de ‘Macaco’
El Presidente Gustavo Petro ha sido contundente al exigir que la Fiscalía aclare el motivo por el cual David Jorge Márquez Chegne posee estas tierras, las cuales debían ser administradas por el Fondo de Reparación de Víctimas. El Director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman Ortiz, reveló que el concejal ha aprovechado estas 5.000 hectáreas por más de 15 años, de forma irregular y sin ningún pago al Estado.
Las tierras, que alguna vez fueron confiscadas a actores violentos como alias ‘Macaco’, ahora forman parte de un complejo proceso de restitución y reforma agraria impulsado por el gobierno. El caso ha generado controversia, ya que podría evidenciar una red de corrupción que involucra a figuras del poder local en Córdoba.
Un hallazgo que destapa posibles vínculos corruptos
Este escándalo salió a la luz tras una inspección ocular realizada por la Agencia Nacional de Tierras en varios predios del departamento de Córdoba. Durante la revisión, se descubrió que las tierras entregadas al Fondo de Reparación de Víctimas estaban siendo explotadas sin contrato por Márquez Chegne. El hecho de que un concejal esté implicado en la explotación ilegal de tierras confiscadas a paramilitares ha encendido las alarmas en el departamento.
La investigación: ¿cómo llegó un concejal a controlar tierras del Estado?
La investigación que exige el gobierno de Gustavo Petro busca aclarar los mecanismos que permitieron que estas tierras, confiscadas en el marco de la Ley de Justicia y Paz, terminaran en manos de una figura política sin contratos ni pagos al Estado. Este escándalo no solo pone en jaque al concejal, sino que también cuestiona la transparencia del manejo de los bienes recuperados por el Fondo de Reparación de Víctimas.
El impacto de esta investigación podría ir mucho más allá de Córdoba, revelando posibles vínculos corruptos entre políticos locales y estructuras de poder económico que se benefician de la explotación de tierras que deberían estar destinadas a la reparación de las víctimas del conflicto.
