En el departamento de Sucre, la política y la corrupción parecen ir de la mano. Recientes investigaciones han puesto en la mira al exgobernador Héctor Olimpo Espinosa, hoy precandidato presidencial, y a su círculo cercano por presuntas irregularidades en la contratación pública.
Uno de los casos más llamativos es el contrato de arrendamiento del Hotel Boston, firmado en 2022 por la Gobernación de Sucre bajo el mandato de Espinosa. Este negocio benefició a la empresa Hotel Boston S.A.S., vinculada directamente a su círculo de aliados políticos. La rapidez con la que se adjudicó el contrato, por un monto de 762 millones de pesos, ha levantado sospechas de favoritismo y malversación de fondos.
Además, se han revelado propiedades de lujo, deudas millonarias y posibles favores políticos que sostienen a esta estructura de poder. La actual gobernadora, Lucy García Montes, también enfrenta cuestionamientos por contratos de infraestructura que suman más de 41.000 millones de pesos.
Las pruebas incluyen testimonios de funcionarios que denuncian presiones internas para agilizar contratos y documentos que muestran conexiones entre los beneficiados y la élite política sucreña. A medida que avanzan las investigaciones, crecen los interrogantes sobre la impunidad en la región y el uso de los recursos públicos para fines privados.
